La diputada Nacional del FPV-PJ Mayra Mendoza presentó un proyecto de resolución para expresar su más enérgico repudio a la concesión del beneficio de la otorgada al represor pluricondenado por delitos de lesa humanidad, Miguel Etchecolatz.
El genocida Etchecolatz fue comisario general de Policía de la provincia de Buenos Aires. Fue responsable de 21 campos clandestinos de detención que funcionaron en la provincia. También fue responsable por la "Noche de los Lápices". En los años ‘80 la Cámara Federal lo condenó a 23 años de prisión por encontrarlo responsable de 91 tormentos cometidos durante su actuación como director general de Investigaciones de la Policía bonaerense. Fue liberado cuando la Corte Suprema de Justicia le aplicó la ley de obediencia debida.
Después de la anulación de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, fue el segundo condenado por delitos de lesa humanidad en un juicio donde fue el único acusado y tuvo sentencia a prisión perpetua por seis homicidios. Entonces, Jorge Julio López –desaparecido en 2006- lo señaló como uno de los torturadores.
En este sentido, la diputada Mendoza señaló: “Este es el personaje que fue beneficiado con la prisión domiciliaria, en el marco de una política impulsada por este gobierno. Hay que mencionar que durante los 12 años en los que los juicios de lesa humanidad eran política de Estado, todas las domiciliaras otorgadas a represores eran apeladas por la Secretaria de Derechos Humanos de Nación. No sólo eso no sucede más, sino que días atrás la Corte Suprema de Justicia sentó una importante jurisprudencia al avalar el arresto domiciliario para el militar condenado por delitos de lesa humanidad, Felipe Jorge Alespeiti, de 85 años. El secretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj lo calificó como ‘una buena señal de madurez cívica’".
“El proceso de memoria, verdad y justicia que estamos recorriendo los argentinos ha sido un camino largo y difícil, con momentos de avance vertiginoso y otros de claro retroceso. Tal es así que este recorrido lleva ya más de 30 años, debido a que durante muchos años los juicios de lesa humanidad habían sido frenados gracias a las leyes de Obediencia Debida, Punto Final e indultos, que concedieron a los genocidas un largo paréntesis de impunidad. Una vez derribadas esas trabas, producto de la lucha de los organismos de derechos humanos y de la voluntad política de un gobierno que hizo de las políticas de memoria, verdad y justicia una de sus banderas y las transformó en políticas de Estado, los juicios retomaron su camino”, enfatizó Mendoza. Y agregó: “Estamos hablando de los delitos más graves de nuestro ordenamiento jurídico y cuyo juicio, castigo y prevención es una obligación internacional de la Argentina”.
Acompañaron con sus firmas los y las diputados/as María Teresa García, Cristina Britez, Matías Rodriguez, Santiago Igón, Luana Volnovich, Gabriela Estevez, Juliana Di Tullio, Lucila Masin, Carlos Castagneto, Mauricio Gomez Bull, Mabel Carrizo, Marcos Cleri, Sandra Mendoza, Diana Conti.