Marcelo Leonardo, MarÃa Natalia, MarÃa Eugenia y Ana MarÃa Save, hijos del genocida Miguel Save quien fuera integrante de la llamada “Patota de AnÃbal Gordon” fueron condenados por el delito de lavado de activos y deberán pagar más de 10 millones de pesos cada uno de ellos.
Lo dispuso el Tribunal Federal N° 1 de Mar del Plata, que además ordenó que los inmuebles ubicados en Chascomús sean decomisados, y entregados a la Provincia. El juez Roberto Falcone sostuvo “ordeno el decomiso de los terrenos para que la Provincia realice allà tareas vinculadas a la memoria sobre el terrorismo de Estado”.
En este sentido el Subsecretario de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires, MatÃas Moreno afirmó “quiero destacar el gran trabajo realizado por la querella de la SubsecretarÃa de Derechos Humanos de la provincia, en este primer juicio por lavado de activos vinculado con delitos de lesa humanidad, a partir del dinero robado a un desaparecido por parte de un integrante de la patota de la Banda de AnÃbal Gordon”.
“Es muy importante la cesión de estos terrenos a la Provincia para realizar tareas vinculadas a la Memoria, y asà profundizar el camino trazado por el gobernador Axel Kicillof desde diciembre de 2019, en polÃticas de Memoria, Verdad y Justicia. Esto ocurre a pesar de que el gobierno nacional intenta negar los crÃmenes de lesa humanidad ocurridos durante la última dictadura”.
La causa
El represor Leonardo Miguel Save, integrante de la patota que dirigÃa AnÃbal Gordon que operaba en el centro clandestino “Automotores Orletti”, secuestró al dirigente uruguayo Alberto Cecilio Mechoso Méndez en el marco del Plan Cóndor en 1976, le robó más de dos millones de dólares y con ese dinero, compró estos terrenos en un barrio a la vera de la laguna de Chascomús, donde intentó construir un complejo residencial exclusivo.
En su alegato, la SubsecretarÃa de Derechos Humanos bonaerense, querellante en la causa Save, y la fiscalÃa habÃan solicitado condenas de entre 3 y 5 años de prisión para los hijos de Save, por entender que no podÃan desconocer la procedencia de ese dinero.
Las maniobras de Save para el lavado de activos
Durante la investigación se determinó que la compra de los terrenos fue realizada a través de apoderados y nombres falsos. En el año 1999 el represor Miguel Save comenzó a realizar gestiones para poner a su nombre los valiosos terrenos.
Tras su muerte, ocurrida en 2006, fueron sus hijos, hoy condenados, quienes continuaron con esa tarea. En el año 2008 y luego de varias maniobras irregulares, los hermanos Save pudieron escriturar las parcelas, que por decisión de la justicia, quedarán en manos de la SubsecretarÃa de Derechos Humanos provincial.
“El lavado de dinero es un delito permanente”, indicó el juez Falcone al leer el veredicto este mediodÃa.